Cuando las tensiones políticas y militares entre Venezuela y Estados Unidos alcanzaron su punto máximo, el gobierno de Nicolás Maduro decidió liberar a 99 presos políticos el día de Navidad, la cifra más alta en 12 meses. El anterior acto de clemencia para políticos y activistas encarcelados tuvo lugar el 2 de agosto, cuando 13 presos fueron liberados de prisión con condiciones judiciales alternativas. En diciembre de 2024, casi 100 presos fueron liberados de las cárceles chavistas, la gran mayoría de los cuales habían sido encarcelados por participar en protestas antigubernamentales tras las elecciones presidenciales.
El régimen chavista ha hecho un gesto calculado para aliviar la presión que siente, pero sin dar muestras de debilidad ni de excesiva magnanimidad. Los presos liberados son una pequeña parte de los casi 1.000 (según las ONG Provea y Justicia, Encuentro y Perdón) que permanecen tras las rejas.
La gran mayoría de ellos fueron procesados tras las protestas que estallaron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional. Hasta la fecha, no se sabe que ningún político o activista de alto perfil se haya beneficiado de estas medidas legales alternativas, entre los muchos que permanecen tras las rejas.
Los nombres de todas las personas liberadas el día de Navidad aún no se han hecho públicos. Una de ellas sería la profesora Marggie Orozco, condenada a 30 años de prisión hace unas semanas por contenido crítico contra el gobierno de Maduro que supuestamente publicó en una cadena de mensajes de WhatsApp. Al menos 65 hombres fueron liberados de la prisión de Tocorón, en el centro-norte de Venezuela, y tres mujeres fueron liberadas del centro de detención de Las Crisálidas. También hay tres adolescentes que habían sido detenidos en controles policiales en el estado costero de Vargas, cerca de Caracas.
La organización sin fines de lucro Justicia Encuentro y Perdón emitió un comunicado reconociendo el impacto positivo de la medida en las personas excarceladas, pero afirmando que es “claramente insuficiente, en comparación con las 1.085 personas encarceladas por motivos políticos, según consta en nuestras bases de datos”. Este grupo afirmó que “la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no remedia la ilegalidad subyacente”. Señaló que “el carácter selectivo y discrecional de estas liberaciones confirma que el encarcelamiento ha sido utilizado como instrumento de persecución política”.
La liberación de estos presos políticos no representa en modo alguno una auténtica política de distensión con la oposición política y social del país, que actualmente constituye una gran mayoría en Venezuela. Todo lo contrario: la presión de Washington está proporcionando al gobierno de Maduro argumentos e inspiración para seguir radicalizando la Revolución Bolivariana mediante la aprobación de nuevas leyes punitivas, la proliferación de detenciones en circunstancias dudosas y una mayor censura a los medios de comunicación.
Durante estas últimas semanas, las fuerzas de seguridad del Estado han intensificado su represión contra la disidencia política y civil, encarcelando a nuevos líderes de la oposición a medida que se intensifica el asedio estadounidense a las costas venezolanas. Los últimos arrestos incluyen al politólogo Nicmer Evans; los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo; y el activista político Melquíades Pulido, miembro del partido Vente Venezuela.
La semana pasada, en un caso que generó enorme indignación pública, Gabriel Rodríguez, un estudiante menor de edad, fue condenado a 10 años de prisión por “terrorismo” por su participación en las protestas populares de agosto del año pasado, que siguieron a las elecciones presidenciales. La organización sin fines de lucro Foro Penal estima que hay poco más de 800 presos políticos en el país.
En su comunicado, Justicia, Encuentro y Perdón reitera su llamado a una amnistía general para todos los presos políticos, demanda planteada frecuentemente por organizaciones sociales y de derechos humanos. “La libertad no puede concederse como una prerrogativa, sino que debe ser un derecho y debe ser restituida a todos aquellos que han sido detenidos arbitrariamente”, sostiene la organización.
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